arlos March, ex Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, se refirió a la situación inédita que vive la provincia desde hace un año cuando el Superior Tribunal de Justicia suspendió las elecciones provinciales para elegir convencionales constituyentes.
“Me resulta, como primera reflexión casi obvia, que se está vulnerando claramente el principio republicano de la división de poderes. Cuando la injerencia de un poder limita al otro estamos rompiendo el precepto clave para el sistema republicano y también para el sistema democrático”, manifestó en diálogo con el programa radial Zoom a Diario, que se emite por FM Ushuaia.
March aseveró que la gravedad de lo que está sucediendo en Tierra del Fuego es que “se está frenando el derecho de voto”. En este sentido, opinó que “si el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego está ejerciendo un rol político, no solo vulnera la división de poderes sino que además atenta contra la lógica de la democracia”.
El coautor del documento ¨Una Corte para la Democracia¨señaló que para recuperar el derecho trabado por el STJ se podrían poner en práctica algunos mecanismos de la institucionalidad democrática . “Me parece que una de las acciones que puede implementar desde los partidos políticos y la sociedad civil es peticionar a las autoridades, haciendo uso de su derecho constitucional, para que se implementen las herramientas de participación necesaria para resolver la situación”. Por ejemplo, mencionó que la Corte Suprema de Justicia realiza audiencias públicas o convoca a la presentación de Amicus Curiae para tratar temas de interés público, algo que no sucedió en Tierra del Fuego, mencionó como referencia.
Con respecto a la dilación para resolver la cuestión de fondo tras la cautelar presentada por el Legislador Provincial Jorge Lechman a partir de la cual se suspendieron las elecciones, March resaltó que “esta decisión, en un plazo razonable, puede ser discrecional, ahora a punto de cumplirse el año más que discrecional es impunidad, es abuso de poder”. Al mismo tiempo subrayó que “es una situación que por lo menos debería nacionalizarse para que el país pueda también opinar porque ya trasciende a la provincia, ya que se suspendieron indefinidamente elecciones convocadas por el Poder Legislativo provincial”.
“Es un caso paradigmático de cómo un Poder Judicial que debería estar consolidando la democracia, termina imponiendo una modalidad de feudalismo, ya que un sector se atribuye la capacidad de decidir si el pueblo puede votar o no sobre temas de muy alto interés público. Para mí es un claro ejemplo de abuso de poder”, evaluó.
“Yo creo que la manera de cambiar esta lógica es involucrando a la ciudadanía y a las instituciones democráticas. Que se le exija al Tribunal Superior que libere el derecho a votar, que es algo básico del sistema democrático. Incluso, ya que pronto se cumplirá un año de no resolución del expediente se podría hacer, por ejemplo, un abrazo simbólico a la sede del Superior Tribunal para pedirle a sus miembros que resuelvan un tema tan fundamental para la cultura democrática, como lo es el derecho del pueblo a votar”, sugirió por último.
